Maternazo frente al Ministerio de Educación
Como parte de la lucha que lleva adelante el SADOP en el marco del «Maternazo», compartimos la presentación realizada al Ministro de Educación José Goity:
Sr.
Ministro de Educación
de la Provincia de Santa Fe
Lic. José Goity
S__________/__________D
De nuestra mayor consideración:
Quienes suscriben, Pedro Eduardo BAYÚGAR y Cecilia SANTA MARIA, Secretario General y Secretaria Adjunta del SADOP Seccional Santa Fe, en representación de nuestro Sindicato, presentamos ante este Ministerio un reclamo vinculado a la seria situación que estamos atravesando en el sector docente, reclamo que con anterioridad hemos presentado por escrito a la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad y a la Secretaría de DDHH respectivamente, en el marco de una acción colectiva que denominamos MATERNAZO. La misma está centrada en el avasallamiento que estamos viviendo las trabajadoras de la educación al derecho a maternar.
Nuestro sector está atravesando desde los inicios de su gestión una inédita regresión de derechos a través de políticas de Estado que restringen y vulneran conquistas históricas para nuestro gremio. Como es de público conocimiento, el colectivo docente está altamente feminizado, por lo tanto este atropello muestra a las claras fuertes matrices machistas que atacan particularidades del movimiento de mujeres y disidencias que mucho nos ha costado visibilizar, nombrar, definir, en búsqueda de una sociedad más igualitaria.
La coyuntura evidencia un escenario de crisis económica y un profundo deterioro del poder adquisitivo de lxs trabajadorxs en general y de la docencia en particular. Los índices inflacionarios que el gobierno maneja están muy alejados de la realidad que afrontamos en la vida cotidiana: el precio de los alquileres, la suba de la canasta familiar, los servicios, el combustible, los medicamentos y un sinnúmero de variables que inciden en el empobrecimiento que estamos atravesando y que no están contempladas en los índices de referencia. Muchas docentes mujeres somos único sostén de familia y debemos asumir el costo de crianza que en estos momentos promedia $500.000, mientras nuestros salarios están por debajo de la línea de pobreza.
En medio de este escenario de emergencia salarial, el gobierno nos impuso una política de Estado que denominó “Premio a la asistencia perfecta”, con la que avasalla derechos consagrados no sólo en nuestra Constitución, sino también en tratados internacionales que establecen reglas y estándares de actuación que garantizan principios universales, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 23 establece que “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”. Por ello destacamos el carácter arbitrario y discriminatorio de esta medida violatoria del Convenio 95 de la OIT sobre la concepción y protección del salario, que expresa que “Toda remuneración recibida por un trabajador/a en retribución por su trabajo, se considera salario.” Como tal, debe ser acordado en paritarias y nunca estar sujeto a condicionamientos extorsivos y arbitrarios, como lo es esta medida.
Consideramos que este “Premio” aplicado a nuestro sector atenta directamente contra el trabajos de cuidados que asumimos mayoritariamente las mujeres atendiendo a nuestrxs hijxs cuando se enferman, a lxs adultos mayores o a las personas con discapacidad de cada familia y por asumir estas responsabilidades se nos descuenta dicha cifra de del salario. Por esto lo consideramos discriminatorio, ya que exhibe las matrices machistas y patriarcales que buscan invisibilizar este tipo de tareas. Insistimos en esto, porque hay un amplio desarrollo teórico al respecto que ha definido, historizado y develado las formas en las que el capitalismo -a través de las políticas de Estado- ha instrumentado la desvalorización de un trabajo no remunerado realizado por las mujeres, imponiéndolo como un “mandato natural”.
Por ello sostenemos de manera contundente que el “Premio a la asistencia perfecta” es una medida MACHISTA que profundiza la desigualdad y desprecia el camino de ampliación de derechos que las mujeres venimos construyendo durante largas décadas.
La expresión más vergonzosa y regresiva de estas matrices se expresa en el descuento del “Premio” durante la licencia por MATERNIDAD. Un derecho resguardado, garantizado, promovido y protegido por un cuerpo de normativas muy relevantes, como lo es en primer lugar la Declaración Universal de DDHH (1948) que en su art 25 p. 2 establece que “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”. De allí en adelante el avance continuo en búsqueda de justicia, equidad, promoción y resguardo ha gestado numerosos tratados y convenios que reflejan a nivel mundial la atención a estos derechos: el Convenio 183 de la OIT, la Recomendación 191, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Recomendación General n° 24 de la CEDAW, el Pacto internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como así también un conjunto de leyes nacionales destinadas a garantizar el ejercicio del derecho a maternar. Sin embargo el gobierno provincial pareciera desconocer este plexo normativo, porque incluso al ejercer el derecho a la adopción se nos castiga a la docencia con menos salario.
El “premio” mencionado es también restrictivo de la PARTICIPACIÓN POLÍTICA-SINDICAL del sector docente, derecho establecido en el art 23 de la Declaración de DDHH que explicita “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. Denunciamos públicamente que la docencia está siendo condicionada y limitada en la acción gremial a través de este “premio”, ejerciendo violencia política sobre un importante colectivo de mujeres, en un intento de recluirnos al ámbito doméstico, excluyéndonos de la vida pública y limitando nuestra participación política, retrotrayendo nuestros derechos cívicos.
Este “premio” también es discriminatorio y penosamente regresivo para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, ya que una docente que atraviesa la ruta crítica y solicita LICENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO, es castigada con el descuento salarial.
De la misma manera en que este instrumento extorsivo condiciona nuestro trabajo docente, también afecta a la calidad educativa, ya que obliga a lxs docentes a concurrir a su trabajo en condiciones de enfermedad para no perder poder adquisitivo en un contexto de crisis socioeconómica. Se multiplican los casos de afectaciones psiquiátricas y físicas que impactan directamente en el ámbito educativo, contradiciendo claramente los objetivos que el discurso oficial dice procurar.
Frente a estas situaciones de extremo atropello, exigimos que el Ministerio de Educación proteja y asegure políticas de Estado inclusivas y universales garantizando el cumplimiento del derecho a MATERNAR, como así también a un salario digno, a óptimas condiciones de trabajo, al cuidado de nuestra salud, a la plena participación política-sindical y a la erradicación de todas las violencias de género desplegadas sobre nuestro sector.
Esperando una respuesta favorable a nuestros reclamos, lo saludamos atte.
