Continúa el «Maternazo».
La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia fue el escenario de una nueva protesta del SADOP contra el Premio a la Asistencia Perfecta.
Compartimos la presentación dirigida al responsable de dicho ámbito: Emilio Jatón:
Sr.
Secretario de Derechos Humanos
de la Provincia de Santa Fe
Lic. Raúl Emilio JATON
S______________/__________D
De nuestra mayor consideración:
Quienes suscriben, Pedro Eduardo BAYÚGAR y Cecilia SANTA MARIA, Secretario General y Secretaria Adjunta del SADOP Seccional Santa Fe, en representación de nuestro Sindicato, presentamos ante esta Secretaría un reclamo vinculado a la seria situación que estamos atravesando en el sector docente. Reclamo que hemos presentado también a la Secretaría de la Mujer, Género y diversidad- y que reiteramos ante usted por considerar de incumbencia al cargo que reviste. La Secretaría de DDHH de nuestra provincia enuncia en sus objetivos la “…promoción y protección de los derechos humanos fundamentales” explicitando la defensa de aquellos de incidencia colectiva “referidos a las mujeres, niñas y niños, a las personas con discapacidad, los pueblos originarios y el medioambiente. Cotidianamente los equipos interdisciplinarios del área monitorean la accesibilidad y el funcionamiento de las políticas e instituciones vinculadas a la protección de estos derechos.”
La docencia santafesina está atravesando desde los inicios de este gobierno una situación de avasallamiento de derechos inédita a través de políticas de Estado que restringen y vulneran conquistas históricas para el sector conformado mayoritariamente por mujeres.
La coyuntura nos muestra un escenario de crisis económica y un profundo deterioro del poder adquisitivo de lxs trabajadorxs en general y de la docencia en particular. Los índices inflacionarios que el gobierno maneja están muy alejados de la realidad que afrontamos en la vida cotidiana: el precio de los alquileres, la suba de la canasta familiar, los servicios, el combustible, los medicamentos y un sinnúmero de variables que inciden en el empobrecimiento que estamos atravesando. Muchas docentes somos único sostén de familia y debemos asumir el costo de crianza que en estos momentos promedia los $500.000, mientras nuestros salarios están por debajo de la línea de pobreza.
En medio de este escenario de emergencia salarial, el gobierno provincial nos impuso una política de Estado que denominó “Premio a la asistencia perfecta”, con la que avasalla derechos consagrados no sólo en nuestra constitución, sino también en tratados internacionales que establecen reglas y estándares de actuación que garantizan principios universales, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 23 establece que “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”. Por ello destacamos el carácter arbitrario y discriminatorio de esta medida violatoria del Convenio 95 de la OIT sobre la concepción y protección del salario, que expresa que “Toda remuneración recibida por un trabajador/a en retribución por su trabajo, se considera salario.” Como tal, debe ser acordado en paritarias y nunca estar sujeto a condicionamientos extorsivos, como lo esta medida.
Este “Premio” aplicado a un sector altamente feminizado es ya de por sí discriminatorio hacia las mujeres, ya que quienes realizamos trabajos de cuidados, cuidando a nuestrxs hijxs cuando se enferman, a nuestrxs adultos mayores o a las personas con discapacidad de nuestras familias, somos justamente las mujeres. Y por ello se nos descuenta esta cifra de nuestro salario, exhibiendo las matrices machistas y patriarcales que invisibilizan y desprecian el trabajo de cuidados.
Pero la expresión más obscena y regresiva de estas matrices se expresa en el descuento del “Premio” durante la licencia por MATERNIDAD. Un derecho resguardado, garantizado, promovido y protegido por un cuerpo de normativas muy relevantes, como lo es en primer lugar la Declaración Universal de DDHH (1948) que en su art 25 p. 2 establece que “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”. De allí en adelante el avance continuo en búsqueda de justicia, equidad, promoción y resguardo ha gestado numerosos tratados y convenios que reflejan a nivel mundial la atención a estos derechos: el Convenio 183 de la OIT, la Recomendación 191, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Recomendación General n° 24 de la CEDAW, el Pacto internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como así también un conjunto de leyes nacionales destinadas a garantizar el ejercicio del derecho a maternar. Sin embargo el gobierno provincial pareciera desconocer este plexo porque incluso al ejercer el derecho a la adopción se nos castiga a la docencia con menos salario.
El “premio” mencionado es también restrictivo de la PARTICIPACIÓN POLÍTICA-SINDICAL del sector docente, derecho establecido en el art 23 de la Declaración de DDHH que explicita “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. Denunciamos públicamente que nuestro sector, conformado ampliamente por mujeres, está siendo condicionando y limitando en la acción gremial a través de este “premio”, ejerciendo violencia política sobre un importante colectivo de mujeres. Hemos señalado y visibilizado en las últimas décadas la histórica reclusión de las mujeres al ámbito doméstico, excluyéndonos de la vida pública, limitando la participación política. Los avances logrados con normativas que resguardan, protegen y garantizan este derecho se ven en profundo retroceso en nuestro sector.
Esta medida política también es discriminatoria y penosamente regresiva para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, ya que una docente que atraviesa la ruta crítica y solicita LICENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO, es castigada con el descuento del “premio”.
Frente a estas situaciones de extremo atropello, no podemos ser indiferentes, ya que asumimos un compromiso colectivo, construido a través del tiempo con avances muy relevantes para que nuestra sociedad sea cada vez más justa e igualitaria. Y más aún en contextos violentos que acrecientan de manera alarmante el número de femicidios en la provincia.
Consideramos que la Secretaría de DDHH no sólo debe promover políticas de Estado inclusivas y universales de igualdad, sino que debe asumir un real protagonismo en el resguardo de las conquistas históricas a las que hemos hecho referencia.
Por ello exigimos ante esta Secretaria que sean asumidas las responsabilidades de estado que le compete en la defensa y garantía de nuestros derechos.
