Somos un grupo de docentes y feministas que participamos activamente de las acciones del colectivo de mujeres y disidencias para intentar profundizar la Perspectiva de género y paulatinamente construir una sociedad más igualitaria.
En estos días, nos sentimos muy interpeladas por el caso de Juan Trigatti que ha impactado en el sector docente. Vemos con mucha preocupación, la vulnerabilidad a la que estamos expuestas en nuestro trabajo, tal como lo refleja este caso.
Muchas de nosotras trabajamos con Juanchi en diferentes instituciones. Compartimos clases conjuntas, plenarias, actos, jornadas de trabajo, campamentos, viajes de estudio. Muchos años con un sinnúmero de propuestas diversas que se plantean habitualmente en el ámbito educativo.
Después del juicio de 1ª instancia, un proceso largo y complejo, en el que algunas de nosotras declaramos y fuimos parte, sentimos finalmente que se hizo Justicia. A pesar de las serias acusaciones que realizó la fiscalía sobre nuestros testimonios y las pocas garantías de seguridad que tuvimos, el tribunal pudo ver la inconsistencia y la falta de pruebas de esas graves denuncias. El proceso judicial demostró la inexistencia de los hechos, es decir, la inexistencia de delito.
Sin embargo hoy, estamos asistiendo a un escenario inesperadamente distinto: un tribunal que rechazó la sentencia absolutoria del tribunal de 1ª instancia, que no revisó el proceso judicial anterior y que dio lugar a la figura de Amicus Curiae presentados por algunas organizaciones nacionales y regionales, con trayectorias respetadas por nosotras.
Sin embargo, y a pesar de ello, debemos decir que seguramente desconocen en profundidad el caso de Juanchi. Por ello, desde nuestra mirada situada, santafesina, compartiendo los postulados de estas organizaciones en la construcción y protección de los DDHH, especialmente de mujeres y niñas, queremos expresar nuestra voz feminista, con el único respaldo de nuestra militancia territorial en todos los espacios del movimiento de mujeres y disidencias.
Lo primero a señalar es que compartimos absolutamente la relevancia del cuerpo de normas constitucionales, tratados y convenciones internacionales que protegen, promueven y garantizan los derechos de los niños y niñas, especialmente el derecho de las niñas a ser escuchadas. Lxs docentes sabemos mucho de eso, ya que nuestro trabajo encuentra en este Principio Superior un pilar fundamental de nuestra tarea pedagógica. Por ello decimos que los acontecimientos se precipitaron justamente por desoír la voz de la primera niña que dijo haberse caído de una rueda de juegos en el patio del jardín. De ahí en más, el complejo entramado de intervenciones, no hizo más que ratificar la inadecuada actuación de la fiscalía y la querella en una investigación plagada de irregularidades, que no garantizó el cumplimiento de los protocolos de actuación correspondientes (esa niña fue sometida a 6 entrevistas y 3 revisiones médicas en 5 días). Cabe destacar que hubo una demora de 3 meses para la constitución de la cámara Gesell, cuestión que da lugar a las observaciones del tribunal de 1ª instancia en relación a la contaminación de los relatos. Un tiempo absolutamente inadecuado para garantizar y proteger la voz de las niñas, ya que las circunstancias en que esas voces se expresan son determinantes.
El tribunal de 1ª instancia empleó el concepto de sugestión colectiva, para describir situaciones que también lxs docentes vivenciamos a menudo como parte de la comunidad educativa. Conocemos desde adentro las múltiples problemáticas que se instalan con carácter emergente y se expanden a menudo con consecuencias no deseadas. Allí también trabajamos dando respuestas e intentando abrir espacios que permitan reflexionar colectivamente.
Señalamos que el accionar de la fiscalía y la querella en particular demostró una clara ausencia de Perspectiva de género al realizar una imputación delictiva sobre los testimonios de las 20 docentes que declaramos en las audiencias, acusándonos de complicidad y encubrimiento:
“Estos docentes han demostrado un claro encubrimiento institucional hacia Trigatti, que se evidencia en varias cuestiones, pero fundamentalmente en el guión idéntico que han utilizado al declarar en este debate.” [1]
Este ejemplo, sólo para ilustrar la grave situación incriminatoria hacia las mujeres docentes, arraigada en matrices machistas para desacreditar nuestro testimonio, despojándonos de nuestra capacidad reflexiva, cosificándonos como meras reproductoras y discriminando peyorativamente nuestra capacidad de autonomía y pensamiento crítico, no hacen más que reafirmar la mirada patriarcal que tienen algunxs trabajadorxs del ámbito judicial. Desestiman las herramientas de formación e intervención que nos acreditan para ser escuchadas y tenidas en cuenta como voz relevante dentro del escenario escolar y protagonistas de las interacciones cotidianas.
Conocemos el protocolo de actuación en caso de abusos, ya que somos quienes recepcionamos las voces de las infancias cuando existe algún abuso. No sólo tenemos en esos casos un fuerte compromiso con el alumnado, sino que es el propio sistema el que deposita en nosotras pretendidas obligaciones para impulsar la acción judicial. Recordemos que actualmente (incluso después de la muerte de Vanesa Castillo) el Estado continúa sin garantizar a las docentes el resguardo estricto de nuestra persona en los casos de denuncias.
En el juicio de Juanchi, como ya se ha mencionado, nuestros testimonios fueron desacreditados despectivamente por la fiscalía y la querella, porque expresan la inexistencia del delito del que se lo acusa, ya que el escenario de los supuestos hechos (el patio) es absolutamente visible, público, rodeado de cámaras y ventanas por las que se ven las interacciones y acontecimientos que allí suceden. Sumemos a ésto que la investigación demostró una ineficiente actuación policial que, entre otras cosas, impidió preservar los registros fílmicos. Seguramente otra hubiera sido la historia.
Esta mirada machista de la fiscalía y la querella para acusarnos de complicidad, no queda sólo reducida a las mujeres docentes. También la tienen con las trabajadoras de la salud, 4 profesionales mujeres cuyos testimonios son desacreditados y valorados de manera peyorativa.
Este es el lugar desde donde hablamos, advirtiendo la seriedad que conlleva desestimar los testimonios de tantas trabajadoras de la educación y la salud.
Finalmente, a través de estas líneas, expresamos de manera contundente que la sentencia del tribunal de 2ª instancia nos deja al conjunto de la docencia en condiciones de profunda vulnerabilidad, que ratifica la mirada machista que aquí señalamos y nos expone a la posibilidad de ser acusadxs sin prueba alguna, dejándonos a la deriva de imputaciones que carecen de las precisiones más elementales.
Necesitamos con urgencia una mirada capaz de abordar la complejidad de estas situaciones que se plantean en el ámbito educativo, donde la docencia está bajo sospecha permanente.
Apelamos a una mirada abarcativa que contemple la multiplicidad de protagonistas que intervienen en estas situaciones, la caracterización del contexto sociohistórico, los diversos planos de la vida social (virtual, mediática, comunicacional) y las tensiones relacionales dentro de las organizaciones sociales, comunitarias, institucionales. Porque es imprescindible promover una real Perspectiva de Género, con una interseccionalidad capaz de trascender los abordajes tradicionales y reconocer la intersectorialidad que habita el ámbito educativo, para así transitar el camino de la Justicia.
[1] Cita textual de un fragmento de la querella en una de las audiencias del juicio de 1a instancia.
